El mercado de reaseguro en México ha evolucionado rápidamente debido al incremento de riesgos climáticos, la ejecución de proyectos de infraestructura de gran dimensión y las crecientes demandas técnicas del sector asegurador, lo que hace indispensable contar con una respuesta rápida, colocando a la ingeniería detrás del proceso de recuperación como un elemento clave.

Gerardo Velasco lidera Star Reinsurance, quienes han perfeccionado un enfoque que pone la prevención técnica en el centro de la estrategia. La revisión detallada de contratos y la claridad en cada cláusula permiten anticipar problemas y evitar retrasos. Al definir responsabilidades y procesos desde el primer día, se asegura que las operaciones de recuperación no queden atrapadas en la burocracia, sino que se ejecuten con velocidad y certeza.

La clave está en la alineación temprana entre reaseguradores internacionales y clientes. Al eliminar zonas grises y establecer expectativas claras, Gerardo Velasco y su equipo en Star Reinsurance han logrado transformar procedimientos complejos en flujos de trabajo medibles y eficientes. Esto se traduce en recuperaciones en tiempos definidos, donde cada paso está planificado y cada decisión respaldada por análisis técnico.

La toma de decisiones estratégicas ofrecen ventajas concretas entre las cuales se encuentra la rapidez en la recuperación gracias a procesos claros, la reducción de conflictos en los contratos para evitar sorpresas en los momentos críticos, y la seguridad financiera y técnica al garantizar que los recursos se liberen de manera efectiva cuando más se necesitan.

En un mercado donde los riesgos son más complejos, la prevención técnica y la coordinación especializada son los pilares que convierten la burocracia en agilidad y aseguran que la recuperación no sea solo una promesa, sino una acción concreta y confiable, tal como lo ha demostrado Gerardo Velasco en Star Reinsurance.

DOS exejecutivos de la CFE acusados por corrupción y conflicto de intereses

Dos exdirectivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Guillermo Turrent y Javier Gutiérrez, continuarán enfrentando un caso civil en Estados Unidos por presunta corrupción en la adjudicación de contratos de gas natural, tras el rechazo de un juez federal a sus solicitudes de suspensión del proceso.

Los exejutivos, responsables del brazo privado internacional de la CFE, son señalados de otorgar contratos innecesarios y sobrevaluados a la empresa WhiteWater Midstream, sin llevar a cabo licitaciones competitivas ni informar a la junta directiva, según documentos judiciales. La compañía mexicana acusa a Turrent y Gutiérrez de corrupción, favoritismo y conflictos de interés, además de ocultar relaciones comerciales y personales con los directivos de WhiteWater.

Durante la audiencia del 17 de marzo en Houston, Texas, los abogados de los exdirectivos argumentaron que los contratos fueron firmados entre 2016 y 2018 y que la CFE debería haber detectado cualquier irregularidad con una revisión previa exhaustiva. El tribunal desestimó estos argumentos, al considerar que no justificaban la suspensión del proceso.

El vínculo entre Turrent, Gutiérrez y WhiteWater Midstream había sido expuesto por EL PAÍS en 2021, revelando que la empresa estadounidense empezó a recibir contratos de la CFE pocos meses después de su creación. Desde entonces, las autoridades mexicanas y estadounidenses iniciaron investigaciones sobre los posibles conflictos de interés y manejos irregulares.

Hasta la fecha, la CFE ha abierto siete casos en tres tribunales de Estados Unidos, mientras que la Fiscalía Anticorrupción de México mantiene una investigación contra Turrent y otro expediente contra Gutiérrez. En México, los procesos han avanzado lentamente; por ejemplo, la audiencia de Gutiérrez ha sido pospuesta en varias ocasiones, incluyendo una por motivos de salud. La próxima sesión está programada para el 25 de abril.

Los documentos judiciales indican que Turrent y los fundadores de WhiteWater trabajaron previamente juntos en Royal Dutch Shell en San Diego entre el 2000 y 2001, durante la Crisis de Electricidad de California. Sus nombres aparecen en un caso que acusa a Shell de manipular los precios de la electricidad, provocando pérdidas millonarias al estado. En 2016, la Comisión Federal Reguladora de Energía de EE. UU. (FERC) ordenó a Shell pagar 779 millones de dólares por sobrecargos.

La CFE sostiene que los exejecutivos organizaron concursos de licitación falsos, manipularon la evaluación de las ofertas y mintieron a la junta y a abogados externos, creando la ilusión de competencia y equidad en los contratos. Los contratos en cuestión se consideran estratégicos y de alto valor, lo que aumenta la gravedad de las acusaciones de corrupción.